LA DISTANCIA ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNADOS
La idea de la "democracia liberal-representativa" es eminentemente "moderna". A los ciudadanos de la democracia ateniense, esa extraña combinación entre dos términos a simple vista antagónicos les hubiera parecido un oxímoron incomprensible.
El término de "democracia representativa" será acuñado por Montesquieu y comenzará a ser aplicado desde fines del siglo XVIII en referencia a los sistemas políticos representativos que buscaban atenuar los temores a la democracia directa y el "gobierno de las masas", provocados por las experiencias que comenzando en Atenas se habían extendido hasta la Revolución Francesa inspiradas por el pensamiento del filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau.
La idea de representación política, y su aplicación a la democracia contemporánea, es de esta forma una construcción histórica no exenta de problemas ni contradicciones. La democracia representativa supone que esa minoría gobernante persigue el interés general, y que lleva adelante esa tarea con una independencia casi total frente a la ciudadanía. Esa independencia, que es el rasgo central de los gobiernos representativos modernos, ha conducido con demasiada frecuencia al establecimiento de un poder de corte paternalista o tutelar.
En definitiva, el sistema representativo tiene más de delegación del poder que de representación, porque los ciudadanos dejan en manos de los gobernantes el manejo de las decisiones políticas trascendentales, con un grado de control ciudadano que en la mayoría de los casos resulta muy bajo.
No puede darse por definitivo el triunfo del sistema representativo, que atraviesa desde hace décadas una profunda crisis de legitimidad. El régimen liberal-representativo es en este sentido responsable de las “promesas incumplidas de la democracia” que ha señalado Norberto Bobbio: la supresión de los cuerpos intermedios, la salvaguardia de los intereses nacionales, la eliminación de las oligarquías, la supresión de los poderes invisibles, la participación más amplia posible de los ciudadanos en las decisiones colectivas y, por último, la educación del ciudadano.
De todos modos, lo que hoy está en cuestión no es la legitimidad de la democracia, sino, como dirían Bobbio y Díaz, “¿Qué democracia?”. Es decir, el problema no radica en el sistema democrático, sino en su insuficiente institucionalización. Por ello, es necesario caminar hacia una democracia más auténtica, participativa, con procedimientos directos o semidirectos para la adopción de las grandes decisiones políticas colectivas.
Un análisis comparado muestra que la mayoría de las Constituciones latinoamericanas han incorporado desde los comienzos de las transiciones a la democracia hace ya casi 30 años atrás, diversos mecanismos de democracia directa, a saber: iniciativa legislativa popular, plebiscito, referéndum, consulta popular, revocatoria de mandato, etc. Sin embargo, el análisis de la experiencia latinoamericana evidencia que la utilización de los mecanismos de democracia directa ha sido modesta. En efecto, estas instituciones han sido utilizadas en 11 de los 16 países que regulan estos, pero de manera frecuente sólo en cuatro de ellos: Uruguay y Ecuador, y más recientemente en Venezuela y Bolivia.
Hay quienes sostienen la existencia de una contraposición peligrosa entre la democracia representativa y la democracia directa, así como el riesgo de una potencial utilización demagógica de estas instituciones. Sin embargo, esta supuesta contradicción no es tal, ya que las instituciones de democracia directa, más que una alternativa, deben ser vistas como complemento de la democracia representativa.
En este sentido, el término de "democracia participativa" aparece como un concepto intermedio entre "democracia directa" y "democracia representativa", cuya conceptualización es mucho más reciente, y nos refiere a la búsqueda de mecanismos políticos para que todos los ciudadanos puedan implicarse en asuntos de la vida pública a través de la participación en la toma de decisiones políticas relevantes.
Por ello es importante que los mecanismos de democracia directa o de democracia participativa sean vistos como instrumentos para fortalecer el sistema democrático, que complementan —pero no sustituyen— a las instituciones de la democracia representativa. Si bien este tipo de mecanismos pueden fortalecer la legitimidad política y abrir canales de participación que amplíen las fronteras de la democracia representativa, los partidos políticos y los Parlamentos deben mantenerse como las instituciones centrales donde se articulan las preferencias ciudadanas, y deben ser fortalecidos con el objetivo de mejorar la legitimidad y la calidad social e institucional de la democracia.
En palabras del filósofo Paul Ricoeur, "reducir la distancia entre gobernantes y gobernados siempre ha sido la meta inalcanzable de la política, pero a pesar de eso, los gobernantes tienen que buscar su realización sin cansarse".
